Cuando el regulador se hace consultor: lo que revela sobre el Estado

La noticia es, en apariencia, menor: dos técnicos con largo recorrido en instituciones públicas de referencia deciden dejar el cargo y montar su propia consultora económica. Sucede constantemente, en España y fuera de ella, y rara vez merece más que una nota breve en la prensa especializada. Pero si uno se detiene a pensar por qué ocurre esto cada vez con más frecuencia, la anécdota deja de serlo y se convierte en síntoma. Y ese síntoma, a mi juicio, dice más sobre el Estado que sobre quienes se marchan.

La complejidad regulatoria se ha convertido en un negocio

Llevamos años construyendo un entramado normativo —fiscal, contable, financiero, de supervisión— cada vez más denso, cambiante y, francamente, difícil de interpretar incluso para quienes se dedican a ello a tiempo completo. Cada reforma añade una capa; pocas veces se retira una capa anterior. El resultado es que entender la política económica española, o anticipar hacia dónde se mueve, exige un conocimiento técnico que ya no está solo en los libros de texto: está en la experiencia de haber estado dentro, redactando informes, sentado en los comités donde se discuten los borradores antes de que lleguen al BOE. Ese conocimiento tiene precio, y el mercado lo está pagando. No es casualidad que veamos surgir cada vez más firmas boutique fundadas por antiguos altos funcionarios: son la respuesta natural a una demanda creciente de empresas, inversores y gestores de patrimonio que necesitan un traductor fiable entre el lenguaje de la norma y el de la decisión de negocio.

Hasta aquí, el fenómeno es sano. Un mercado que valora la experiencia técnica y está dispuesto a remunerarla es preferible a uno que la ignora. Mi discrepancia empieza cuando se mira el reverso de la moneda.

Lo que el sector público deja escapar

Formar a un técnico capaz de entender de verdad cómo funciona la política monetaria, la supervisión bancaria o el diseño de la política fiscal no es rápido ni barato. Ese aprendizaje se produce, en buena medida, dentro de las propias instituciones públicas: viendo expedientes reales, participando en decisiones con consecuencias, cometiendo errores que no se pueden cometer en una consultora privada porque ahí nadie te deja aprender a su costa. Cuando ese capital humano, ya maduro, abandona la institución justo en el momento de mayor rendimiento, el Estado pierde dos veces: pierde la capacidad instalada y, además, financia indirectamente a la competencia, porque quien contrata a esos antiguos técnicos está comprando, en el fondo, años de formación pagados con presupuesto público.

No creo que la solución sea impedir esa movilidad, que además es legítima y en muchos casos está sujeta a periodos de incompatibilidad razonables. La solución, si existe, pasa por preguntarse por qué la carrera pública deja de ser competitiva justo cuando el profesional alcanza su punto óptimo de utilidad. Mientras el sector privado pueda ofrecer en un año lo que la administración tarda una carrera entera en igualar, este goteo seguirá siendo racional para cada individuo y, en agregado, costoso para todos.

Una brecha que también toca a la pyme

Aquí es donde el debate deja de ser abstracto para quien dirige un negocio pequeño o trabaja por cuenta propia. Esa misma complejidad que alimenta el auge de las consultoras de alto nivel para grandes empresas es, a menor escala, la que un autónomo o una pyme sufre cada trimestre: modelos que cambian, criterios que se matizan, plazos que se solapan. La diferencia es que una multinacional puede pagar a un exdirector general para que le explique el mapa; una pyme, normalmente, no. Ese desequilibrio de acceso a la interpretación experta es, para mí, una de las asimetrías menos comentadas de nuestra economía: no solo pagamos impuestos distintos según el tamaño, pagamos también distinto por entender lo que pagamos.

En Zythos Business llevamos esa premisa como punto de partida: la misma rigurosidad técnica que se vende cara en la gran consultoría económica debería estar al alcance de quien factura mucho menos. Por eso trabajamos la fiscalidad y la contabilidad de autónomos y pequeñas empresas con el mismo estándar de exigencia —lectura fina de la norma, anticipación de plazos, cero atajos— sin que eso dependa del tamaño de la cuenta de resultados del cliente. La complejidad no va a desaparecer; lo que sí podemos cambiar es quién tiene, de verdad, un traductor de confianza a su lado.