Aguardiente, impuestos y pueblo: lo que España se juega con sus espirituosas

Cada vez que se habla de la España rural, el debate se llena de diagnósticos y se vacía de herramientas. Por eso me llama la atención que un sector con raíces profundas en el territorio, el de las bebidas espirituosas, siga tratándose en el discurso público como un asunto menor, o peor, como una simple fuente de recaudación. Mi tesis es sencilla: las espirituosas pueden ser un motor real de economía rural y de prestigio exterior, pero solo si dejamos de gestionarlas con mentalidad de ventanilla y empezamos a hacerlo con mentalidad de estrategia.

Un sector que ancla empleo donde casi nada lo ancla

Una destilería no se deslocaliza con facilidad. Depende de una materia prima agraria cercana, de un saber hacer acumulado durante generaciones y, en muchos casos, de una denominación geográfica que solo tiene sentido en un lugar concreto. Orujos, aguardientes, anís, licores de hierbas, brandis, ginebras con botánicos locales: detrás de cada producto hay agricultores, transportistas, envasadores, diseñadores y, cada vez más, turismo gastronómico.

Ese efecto arrastre es lo que distingue a este sector de otros. El valor no se queda en la fábrica: compra uva, cereal, hierbas o fruta a productores de la zona y devuelve rentas a municipios que compiten con la despoblación. Cuando hablamos de fijar población, rara vez nos acordamos de que una pequeña destilería con diez empleados puede pesar más en un pueblo que muchas medidas con nombre rimbombante.

La fiscalidad: previsibilidad antes que privilegios

Aquí viene mi parte menos cómoda. Las bebidas alcohólicas soportan una carga fiscal específica, los impuestos especiales, además del IVA y el Impuesto sobre Sociedades o el IRPF que corresponda a cada empresa. Que existan es razonable: tienen una justificación sanitaria y recaudatoria que no pienso discutir. Lo que sí discuto es la forma de gestionarlos.

Para un pequeño productor, el problema rara vez es el tipo en sí. Es la complejidad: el régimen de depósito fiscal, las garantías, las declaraciones periódicas, la contabilidad de existencias y los controles asociados exigen una estructura administrativa que una gran multinacional absorbe sin esfuerzo y una destilería familiar sufre. Es una barrera de entrada disfrazada de neutralidad. Dos empresas con el mismo tipo impositivo no soportan el mismo coste real de cumplir.

Por eso defiendo tres cosas. Primero, previsibilidad: cambios de tributación anunciados con tiempo y sin sorpresas de última hora, porque un destilado envejece años y la inversión se decide con horizontes largos. Segundo, simplificación proporcional: obligaciones formales que escalen con el tamaño de la empresa, no una talla única. Tercero, incentivos bien diseñados a la inversión, la innovación y la exportación, medibles y con resultados que se puedan auditar, no bonificaciones eternas que nadie evalúa.

Marca país: el valor se fabrica fuera de la destilería

España tiene fama como país de vino y de jamón, pero su proyección como productor de destilados es mucho menos nítida. Es una oportunidad desaprovechada. Competir en mercados exteriores exige relato, trazabilidad, certificaciones y una promoción coordinada que una pyme no puede pagar sola. Ahí la política pública sí tiene papel: apoyo a la internacionalización, protección eficaz de las denominaciones y una imagen común que no obligue a cada productor a empezar de cero.

También hay una cautela necesaria. Convertir el sector en bandera no puede significar ignorar el consumo responsable ni la salud pública. La estrategia seria es la que apuesta por calidad y valor añadido, no por volumen. Menos litros baratos, más producto con identidad.

En resumen: no pido trato de favor, pido coherencia. Si queremos que el medio rural genere riqueza y no solo nostalgia, debemos apoyar a quienes producen en él con un marco fiscal estable, trámites razonables y una estrategia de país a largo plazo. Lo contrario es lamentarse por la despoblación mientras se dificulta lo que la frena.

En Zythos Business vemos a diario cómo la complejidad administrativa penaliza a los autónomos y pymes con más oficio y menos estructura. Les ayudamos a ordenar su contabilidad, cumplir con sus obligaciones fiscales a tiempo y planificar con visión de medio plazo, para que puedan dedicar su energía a lo que de verdad saben hacer: producir bien y crecer con cabeza.