Menos improvisación fiscal: lo que las empresas necesitan de la política económica

Cada vez que el debate económico se enciende, la conversación gira en torno a la misma pregunta: ¿suben o bajan los impuestos? Creo que es la pregunta equivocada, o al menos la incompleta. Mi tesis, tras años viendo de cerca la contabilidad de pequeñas empresas, es esta: lo que más daña a un autónomo o a una pyme española no es tanto el tipo impositivo como la inestabilidad de las reglas. Una norma mediocre pero estable se puede planificar; una norma cambiante, aunque sea generosa, no.

La incertidumbre también es un coste

Quien dirige una empresa pequeña no tiene un departamento fiscal. Tiene un asesor, a veces ni eso, y mucho trabajo operativo. Cada modificación de un régimen, cada prórroga de última hora, cada incentivo que nace con fecha de caducidad obliga a reconfigurar la facturación, revisar los programas de gestión y volver a calcular si una inversión sigue saliendo a cuenta. Ese tiempo y esa duda no figuran en ninguna memoria económica, pero se pagan.

Las organizaciones empresariales, entre ellas las comisiones de economía y fiscalidad de las grandes patronales, llevan tiempo reclamando algo que parece de sentido común: seguridad jurídica, simplificación y un marco que no cambie con cada ciclo político. Comparto el diagnóstico, aunque con un matiz: no es una reivindicación de las grandes compañías. Las grandes absorben el cambio con equipos especializados. Quien de verdad lo sufre es el comercio de barrio, el profesional por cuenta propia o la pyme familiar.

Simplificar no es bajar el listón

Existe cierta desconfianza hacia la palabra «simplificación», como si fuera un eufemismo de laxitud. No lo es. Un sistema complejo no recauda mejor; genera más errores de buena fe, más regularizaciones y más litigios, y favorece a quien puede pagar un buen asesoramiento. La complejidad, paradójicamente, es regresiva.

Pienso en cuestiones muy concretas: la proliferación de obligaciones formales, la superposición de sistemas de información con la Administración, los cambios de criterio que llegan a mitad de ejercicio o los regímenes especiales con requisitos difíciles de seguir sin ayuda profesional. La digitalización de la facturación y del control tributario puede ser una oportunidad real de reducir cargas, siempre que se implante con calendarios razonables, estándares claros y tiempo de adaptación. Si se convierte en una carrera de plazos que cambian, el beneficio se diluye.

Tampoco me parece defendible que los incentivos a la inversión, la innovación o la contratación se diseñen para durar un ejercicio. Un incentivo solo cambia decisiones si el empresario cree que seguirá ahí cuando ejecute el proyecto. Si no lo cree, simplemente no cuenta con él.

Lo que pediría a quien legisla

Sin ánimo de ser exhaustivo, hay tres cosas que considero razonables y que no dependen de ideologías:

Primero, evaluar antes de legislar: estimar el impacto de cada cambio sobre las empresas pequeñas, no solo sobre la recaudación. Segundo, dar plazos de adaptación suficientes y publicar los criterios con antelación, de modo que nadie se entere de una novedad cuando ya tiene el trimestre cerrado. Tercero, pensar en la permanencia: si una medida es buena, que lo sea por años; si es temporal, que se explique con claridad por qué y hasta cuándo.

Nada de esto es gratis ni sencillo, y reconozco que la Administración tiene que equilibrar recaudación, lucha contra el fraude y cohesión del sistema. Pero precisamente porque ese equilibrio es difícil, conviene que se busque con método y no a golpe de urgencia.

Mientras esperamos un marco más estable, a las empresas les queda adaptarse. En Zythos Business trabajamos justo en ese terreno: ayudamos a autónomos y pymes a entender qué cambia, qué les afecta de verdad y cómo ordenar su contabilidad y sus obligaciones para que la próxima novedad normativa sea un trámite y no un sobresalto.