Redes eléctricas y de gas: la inversión que España no puede seguir aplazando

Cada vez que encendemos un electrodoméstico o encendemos la caldera de gas damos por hecho que la energía llega sin más. Detrás de ese gesto cotidiano hay una infraestructura de cables, subestaciones, transformadores y gasoductos cuya construcción y mantenimiento paga, sin que casi nadie lo perciba, una partida fija de la factura: la retribución a las redes de transporte y distribución. Es un asunto árido, técnico, poco glamuroso para el debate público, pero sostengo que de su diseño depende buena parte de si España logra electrificar su economía a tiempo o si, por el contrario, se queda con una red envejecida incapaz de absorber la demanda que se avecina.

Un modelo pensado para administrar el pasado, no para construir el futuro

El sistema regulatorio español fija la retribución de las redes combinando el reconocimiento de las inversiones ya realizadas con una tasa de rentabilidad que pretende ser razonable y, a la vez, disciplinar el gasto. Ese enfoque tuvo sentido en una etapa de sobrecapacidad y contención del déficit tarifario, cuando la prioridad era evitar que el sistema eléctrico siguiera acumulando deuda. El problema es que seguimos aplicando, con retoques, una lógica diseñada para frenar el crecimiento de las redes en un momento histórico en el que necesitamos justamente lo contrario: más capacidad, más digitalización y más flexibilidad para acomodar la generación renovable distribuida, la carga masiva de vehículos eléctricos y la electrificación de la industria y la climatización.

Cuando la tasa de retribución financiera se percibe como insuficiente o inestable, el efecto no es abstracto: las compañías distribuidoras posponen inversiones, priorizan el mantenimiento sobre la ampliación y trasladan a los promotores de proyectos renovables largas esperas de conexión. He hablado con suficientes autónomos y pequeñas empresas que quieren instalar autoconsumo, puntos de recarga o ampliar potencia como para constatar que el cuello de botella ya no está solo en los permisos administrativos, sino en la propia red física.

La factura oculta del inmovilismo regulatorio

Aquí está mi tesis central: retrasar la modernización de las redes no ahorra dinero, lo traslada. Cada conexión denegada o demorada por falta de capacidad es una inversión productiva que no se materializa, un autónomo que no electrifica su flota, una pyme que no instala fotovoltaica para abaratar su coste energético. El coste de la indecisión regulatoria no aparece en la factura de la luz, pero aparece en la competitividad perdida. Y en un país que aspira a atraer industria electrointensiva y centros de datos, una red débil es tan disuasoria como unos impuestos altos.

La respuesta fácil —bajar la retribución para abaratar la factura a corto plazo— es la más tentadora políticamente y la más miope económicamente. Una regulación que exprime al operador de red hoy garantiza una red insuficiente mañana, y ese coste lo acabamos pagando todos, solo que más tarde y con menos margen de maniobra.

Qué habría que cambiar

Defiendo tres principios de sentido común. Primero, previsibilidad: los periodos regulatorios deben dar visibilidad suficiente para que las empresas de red planifiquen inversiones plurianuales sin depender de revisiones erráticas. Segundo, retribución ligada a resultados y no solo a activos: premiar la reducción de pérdidas, la digitalización y la rapidez de conexión, no únicamente el volumen de capital inmovilizado. Tercero, diferenciar con claridad electricidad de gas: mientras la red eléctrica necesita crecer para sostener la electrificación, la red gasista afronta un horizonte de demanda decreciente y merece un marco que gestione ordenadamente esa transición sin cargar costes hundidos sobre los consumidores que se van electrificando.

Ninguna de estas ideas es gratuita para el bolsillo del consumidor a corto plazo. Pero la alternativa —seguir aplazando la decisión— es más cara, solo que de forma menos visible. La política energética española lleva años acertando en el despliegue de renovables y fallando en dotarlas de la autopista por la que circular. Corregirlo no es una cuestión ideológica, es una cuestión de aritmética a medio plazo.

En Zythos Business vemos de cerca cómo estas decisiones regulatorias, aparentemente lejanas, acaban golpeando directamente la cuenta de resultados de autónomos y pymes: en el coste de la energía, en los plazos para electrificar una instalación o en la rentabilidad de invertir en autoconsumo. Por eso, cuando asesoramos a un negocio sobre su planificación fiscal y de inversiones, no perdemos de vista el contexto energético y regulatorio en el que opera, porque entender esas reglas del juego, incluso las más técnicas, forma parte de tomar buenas decisiones de negocio.