A escasas semanas de cerrar el año 2025, la situación fiscal de los autónomos en España ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que comenzó como una promesa de simplificación administrativa se ha transformado en un conflicto institucional a tres bandas entre el Gobierno de España, las asociaciones de trabajadores por cuenta propia y la Comisión Europea.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ha rechazado definitivamente las enmiendas parlamentarias que buscaban introducir el «IVA Cero» para ingresos inferiores a 85.000 euros en territorio nacional, limitando la transposición de la normativa europea exclusivamente a las ventas en el extranjero. Esta decisión ha provocado que organizaciones como UPTA rompan formalmente relaciones con la Agencia Tributaria, denunciando una «persecución fiscal», mientras Bruselas ha elevado el tono enviando un dictamen motivado (reasoned opinion) a España, el paso previo a llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Crónica de un Portazo Parlamentario
El «No» Definitivo en el Congreso
Durante la tramitación final de los Presupuestos y las leyes de acompañamiento fiscal en noviembre de 2025, se libró la última batalla legislativa para salvar la franquicia del IVA doméstico. El Partido Popular (PP) introdujo enmiendas específicas destinadas a obligar al Gobierno a aplicar el régimen de franquicia a nivel nacional, argumentando que la inflación y los costes burocráticos estaban asfixiando a las microempresas.
Sin embargo, el bloque gubernamental rechazó estas propuestas. El argumento esgrimido por el Ministerio de Hacienda se ha mantenido inamovible: la Directiva (UE) 2020/285 permite a los Estados miembros la exención, pero no la impone para las operaciones internas. Hacienda se ha aferrado a la literalidad de la norma para bloquear su aplicación en España, priorizando la capacidad recaudatoria y el control del fraude sobre la simplificación administrativa.
La Paradoja de los Modelos 041 y 350
La negativa a aplicar la norma dentro de las fronteras ha generado un escenario administrativo esquizofrénico, materializado en dos nuevos formularios que entraron en fase de audiencia pública a finales de año:
- Modelo 041: Permite a un autónomo español solicitar no pagar IVA cuando vende a un cliente en Francia o Alemania.
- Modelo 350: Una declaración informativa trimestral para controlar que no se superan los 100.000 euros de facturación en la UE.
El resultado es que un fontanero de Logroño tendrá más facilidades fiscales para prestar un servicio en Burdeos que en su propia ciudad. Expertos fiscales han calificado esta situación de «absurdo técnico», señalando que se obliga al autónomo a mantener toda la estructura de liquidación de IVA (Modelos 303 y 390) para su actividad diaria, mientras se le ofrece una ventaja teórica para una internacionalización que, en el caso de las microempresas, es a menudo anecdótica.
Bruselas Pierde la Paciencia: El Expediente Sancionador
Mientras España debatía internamente, la maquinaria legal de la Unión Europea ha seguido avanzando. La inacción española ha colocado al país en el punto de mira de la Comisión Europea, que vigila la correcta aplicación de las normas del Mercado Único.
Del Aviso a la Amenaza Real
En el paquete de infracciones de la segunda mitad de 2025, la Comisión Europea ha endurecido su postura. Tras enviar cartas de emplazamiento a principios de año, Bruselas ha emitido dictámenes motivados (reasoned opinions) dirigidos a España, así como a otros países rezagados como Rumanía o Grecia. La Comisión exige la transposición completa y efectiva de la Directiva 2020/285.
El conflicto radica en la interpretación de la norma. Si bien la aplicación doméstica es opcional, la Comisión considera que las barreras administrativas que mantiene España (al no tener un régimen de franquicia equivalente al de los socios comunitarios) dificultan en la práctica que las empresas extranjeras operen en España bajo el mismo régimen, lo que podría vulnerar la libre competencia. España tiene ahora un plazo de dos meses para rectificar o enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el consiguiente riesgo de multas millonarias.
Rebelión en el Sector: Ruptura de Relaciones
El clima social entre los autónomos y la administración tributaria se ha deteriorado hasta niveles inéditos en la última década.
UPTA Rompe la Baraja
En un movimiento de gran calado político, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), tradicionalmente dialogante con el gobierno de coalición, anunció en noviembre de 2025 la suspensión de su participación formal en la mesa de trabajo con la Agencia Tributaria. Su presidente, Eduardo Abad, declaró: «Nos tratan como sospechosos por defecto. Se persigue a quien menos medios tiene». La organización denuncia que se han incumplido sistemáticamente los compromisos de simplificación fiscal y que la paralización de la franquicia del IVA es «un disparate» que consolida una brecha fiscal injustificable respecto a las grandes sociedades.
ATA y la «Guerra Fiscal»
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha calificado la situación de «guerra fiscal». Su presidente, Lorenzo Amor, ha señalado que España se queda sola en Europa, negando a sus ciudadanos una ventaja competitiva de la que disfrutan sus vecinos portugueses, franceses o italianos. ATA advierte que el mantenimiento de las obligaciones del IVA, sumado a la inminente obligatoriedad de la factura electrónica (Verifactu), supondrá un coste inasumible para miles de pequeños negocios.
El Mapa de la Desventaja Competitiva (Situación a Dic-2025)
La «excepción española» se hace más evidente al observar la evolución de nuestros socios comerciales directos en este último año:
| País | Situación a Diciembre 2025 | Impacto para el Autónomo |
| España | Bloqueo Total (Solo transfronterizo) | Obligación de liquidar IVA desde el primer euro. Coste de gestión elevado. |
| Italia | Regime Forfettario consolidado | Exención hasta 85.000€. Tributación plana (Flat tax) del 15%. Éxito rotundo en aflorar economía. |
| Polonia | Transposición Completa | Nueva exención hasta 200.000 PLN (~46.000€) efectiva desde enero de 2025. Simplificación masiva. |
| Rumanía | Reforma Agresiva | Elevación del umbral a ~80.000€ (395.000 RON) para combatir la evasión mediante la simplificación. |
| Portugal | Modernización | Mantenimiento de la exención (Art. 53) y adaptación digital para facilitar el comercio transfronterizo. |
El dato clave: Un diseñador gráfico italiano que factura 40.000€ al año se ahorra aproximadamente 2.500€ en costes de gestión y no repercute IVA (siendo un 21% más barato para clientes particulares). Su homólogo español debe cobrar el IVA y gastar tiempo y dinero en liquidarlo trimestralmente.
El Argumento de Hacienda: ¿Prudencia o Afán Recaudatorio?
¿Por qué España se resiste con tanta vehemencia? Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en dos puntos clave que han bloqueado la reforma:
- El miedo al fraude del «enanismo»: Hacienda teme que fijar un umbral de 85.000 euros incentive a las empresas a ocultar facturación para no superar el límite, un fenómeno conocido como «efecto precipicio». Prefieren mantener a todos los operadores dentro del sistema de IVA para garantizar la trazabilidad completa de la economía.
- La prioridad de Verifactu: El despliegue de la factura electrónica obligatoria B2B se ha convertido en el proyecto estrella de la legislatura fiscal. Hacienda argumenta que no puede gestionar dos cambios estructurales simultáneos y que, paradójicamente, una vez que Verifactu esté plenamente operativo (hacia 2026-2027), el control será tan exhaustivo que la franquicia podría ser innecesaria o, al contrario, más fácil de implementar. Sin embargo, para los autónomos, esto significa años de espera y doble carga administrativa.
Un Futuro Incierto para 2026
Al cierre de esta edición, el escenario para 2026 es sombrío para la simplificación administrativa en España. La negativa del Gobierno, blindada en el Congreso, deja a España como una isla burocrática en un continente que avanza hacia la desregulación de las pequeñas actividades económicas.
La única esperanza para los autónomos reside ahora paradójicamente fuera de España: en la presión que la Comisión Europea pueda ejercer a través de los procedimientos de infracción en curso. Hasta que el TJUE dicte sentencia o Hacienda ceda ante la amenaza de multas, el autónomo español seguirá siendo el único de los grandes países de Europa obligado a ser recaudador del Estado desde el día uno de su actividad.
